LA CONDENA A JORGE RAFAEL VIDELA Y EMILIO MASSERA

Por Ricardo E. Brizuela

El 9 de noviembre de 1985 ocurre la sentencia a prisión perpetua para Jorge Rafael Videla y Emilio Massera en el Juicio a las Juntas que habían usurpado el poder en 1976, por un tribunal presidido por el doctor León Arslanián.

S e inició el 22 de abril de 1985. Fueron sentados en el banquillo de los acusados Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Emilio Massera, Armando Lambruschini, Raúl Agosti, Rubén Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo. Actuaron los jueces de la Cámara Federal Carlos Arslanián, Jorge Tortoreo, Andrés D´Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma. Actuó como fiscal el doctor Julio Strassera.

Culminó de tal manera un juicio que tuvo en vilo a la comunidad toda, donde los acusados fueron - por primera vez en la historia argentina - los máximos dirigentes de un régimen militar que se había apropiado indebidamente del poder en el país.

Sin embargo, este no fue el hecho juzgado: los cargos contra los dictadores militares fueron referidos a delitos relacionados con los Derechos Humanos.

Durante el régimen que se prolongó desde 1976 a 1983 – con turnos de diferentes protagonistas integrando Juntas de acuerdo a un autoimpuesto reglamento del “proceso” – se hicieron cargo del gobierno militares que representaban a las tres armas: Ejército, Aeronáutica y Marina. El final de ese período – derrotados los dictadores en la aventura encarada por el general Fortunato Galtieri en torno a las Islas Malvinas, debilitados internacionalmente y ampliamente despretigiados en el orden interno – fue confiado al general Reynaldo Bignone, quien tuvo como únicas instrucciones de sus camaradas en retirada, el traspaso del poder al sector civil, con las salvaguardas referidas a las responsabilidades por los crímenes cometidos.

Así, las maniobras de Bignone por legalizar una cuasi exculpasión de los horrores de la represión del poder militar, incluyeron leyes que propugnaba el “olvido”, pero fueron en la práctica ignoradas por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, que se hizo cargo el 10 de diciembre de 1983.

Producida la condena de los militares subversivos – encontrados los nueve integrantes de las Juntas culpables en distintos grados - posteriormente una serie de episodios golpistas obligó, en la práctica, al dictado de las leyes dePunto Final (23 de diciembre de 1986) y Obediencia Debida (4 de junio de 1987). Con ellas se cubrieron los militares de menor rango de sus responsabilidades, por la intervención en crímenes durante la dictadura.

El episodio mas relevante de este período – ya con la democracia afianzada – lo protagonizó el presidente Carlos Saúl Menem, al dictar una medida por la que se indultó a quienes fueron condenados en el juicio que concluyó este día de 1985.

“Podemos aceptar la evangelización – se refería a la Conquista de España del siglo XV - pero no la globalización de la justicia”, declaró casi al final de su segundo mandato en 1999 Carlos Menem, en una curiosa interpretación histórica, cuando pretendía rechazar los cargos de la Justicia española por la muerte de súbditos de esa nacionalidad.

En agosto de 2003, el Congreso declaró la nulidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictados durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín.